{"id":918,"date":"2024-12-18T16:15:11","date_gmt":"2024-12-18T19:15:11","guid":{"rendered":"https:\/\/aapra.org.ar\/?p=918"},"modified":"2024-12-18T16:15:12","modified_gmt":"2024-12-18T19:15:12","slug":"preocupacion-por-el-dnu-de-milei-que-deroga-la-ley-de-emergencia-territorial-de-comunidades-indigenas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aapra.org.ar\/?p=918","title":{"rendered":"Preocupaci\u00f3n por el DNU de Milei que deroga la Ley de Emergencia Territorial de Comunidades Ind\u00edgenas"},"content":{"rendered":"\n

La Ley Nacional N\u00ba 26.160 <\/a>de 2006 declar\u00f3 la emergencia en la posesi\u00f3n y propiedad de las tierras que tradicionalmente han ocupado los Pueblos Originarios con personer\u00eda jur\u00eddica. Para ello, se cre\u00f3 el Programa Nacional de \u201cRelevamiento Territorial de Comunidades Ind\u00edgenas\u201d, <\/a>que determinaba los mecanismos para demarcar y relevar el territorio que han ocupado las Comunidades. Adem\u00e1s, mediante
el Decreto N\u00ba 1.122\/2007 se design\u00f3 al Instituto Nacional de Asuntos Ind\u00edgenas (INAI) <\/a>como autoridad encargada del relevamiento y de aprobaci\u00f3n de los programas necesarios para el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n dominial de las tierras habitadas por Pueblos Originarios. <\/p>\n\n\n\n

Esta normativa, que inicialmente ten\u00eda vigencia por cuatro a\u00f1os, fue prorrogada con las leyes 26554, 26894, 27400 y por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805\/2021 del presidente Alberto Fern\u00e1ndez, <\/a>con vigencia hasta el 23 de noviembre de 2025.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, esta b\u00fasqueda de dar respuesta a la situaci\u00f3n de emergencia territorial de las Comunidades Ind\u00edgenas qued\u00f3 trunca bajo la presidencia de Javier Milei, ya que se derog\u00f3 la vigencia de esta normativa con el DNU 1083\/2024<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

Esta eliminaci\u00f3n de la protecci\u00f3n legal habilita el uso de la fuerza y la violencia para desalojar comunidades ind\u00edgenas de sus territorios. Entre sus fundamentos, el DNU afirma que la emergencia se ha prolongado \u201cen exceso<\/em><\/strong>\u201d y que los 18 a\u00f1os que lleva vigente ha provocado inseguridad jur\u00eddica, afectando los derechos \u201cde los habitantes o de las personas jur\u00eddicas<\/strong><\/em>\u201d que tienen t\u00edtulos de propiedad en territorio habitado por comunidades originarias, que \u201cimpide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas<\/em><\/strong>\u201d y que \u201cen connivencia con grupos amparados circunstancialmente bajo normativa aplicable a pueblos ind\u00edgenas, avasallaron los derechos de la ciudadan\u00eda y agraviaron las prerrogativas soberanas del Estado<\/strong><\/em>\u201d (Bolet\u00edn Oficial, Decreto 1083\/2024)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Aspectos enunciativos sobre criminalizaci\u00f3n, terrorismo, sedici\u00f3n, extranjerizaci\u00f3n, usurpaci\u00f3n y la creencia de falsas identidades que son volcaos por los medios de comunicaci\u00f3n y pol\u00edticos de sectores de derecha sobre los Pueblos Originarios para que formen parte del imaginario social, son retomados por el DNU de Milei: \u201cla suspensi\u00f3n de desalojos contemplada por la Ley N\u00b0 26.160 se traduce no solo en una afectaci\u00f3n al derecho de propiedad, sino tambi\u00e9n, en muchos casos, en mantener un desahucio de los leg\u00edtimos propietarios con afectaci\u00f3n a su derecho a la vivienda. Esto as\u00ed, en tanto que, habiendo sido desplazados, se han visto obligados a morar en condiciones precarias<\/em><\/strong>\u201d, \u201cla tierra que se vea afectada por asentamientos o cualquier forma de turbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n al amparo de las pr\u00f3rrogas de la emergencia que paralizaron los juicios de desalojo<\/strong>\u201d, \u201cdar respuesta urgente a los afectados por la inusitada extensi\u00f3n de la emergencia y garantizar el pleno ejercicio del derecho constitucional citado, Adem\u00e1s de poner fin a una situaci\u00f3n que coloca en peligro a la soberan\u00eda nacional<\/em><\/strong>\u201d, \u201ccomo es de p\u00fablico conocimiento, el conflicto en el sur de la REP\u00daBLICA ARGENTINA creci\u00f3 progresivamente, deriv\u00e1ndose en la toma de tierras y en la provocaci\u00f3n de graves da\u00f1os ambientales, sobre todo con incendios intencionales y reiterados a plantaciones forestales y bosques naturales<\/strong><\/em>\u201d (Bolet\u00edn Oficial, Decreto 1083\/2024)<\/a>..<\/p>\n\n\n\n

Es un factor de m\u00e1xima preocupaci\u00f3n de esta derogaci\u00f3n: \u201ces razonable esperar que dicha finalizaci\u00f3n de este estado de anormalidad contribuya a la pacificaci\u00f3n de los conflictos latentes o activos que todav\u00eda puedan subsistir<\/em><\/strong>\u201d. Detr\u00e1s de este pedido pacificaci\u00f3n, se esconde una avanzada militarizada de parte de las fuerzas federales y provinciales para forzar desplazamiento de comunidades en favor de terratenientes, siempre con ingentes extensiones de tierras, muchas veces en manos extranjeras, y en complicidad con actores judiciales de escasa \u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n

Cabe destacar que, aunque con m\u00faltiples dificultades y trabas en su aplicaci\u00f3n, la legislaci\u00f3n argentina establece derechos y garant\u00edas hacia los Pueblos Originarios consignados en tratados internacionales que adquieren rango constitucional. <\/p>\n\n\n\n

Entre las principales normativas se destacan la Ley Nacional N\u00b0 23.302 <\/a>de 1985, que en el Cap\u00edtulo IV (art\u00edculos del 7 al 13) destaca el derecho a la posesi\u00f3n y propiedad comunitaria del territorio que tradicionalmente han ocupado y a la obtenci\u00f3n de otras tierras aptas y suficientes. <\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, en la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Argentina<\/a>, en la Reforma de 1994, se incorpora el art\u00edculo 75 inciso 17. All\u00ed se reconoce la preexistencia \u00e9tnica y cultura de los Pueblos Ind\u00edgenas. As\u00ed se establecen de forma constitucional los derechos de \u201cgarantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educaci\u00f3n biling\u00fce e intercultural; reconocer la personer\u00eda jur\u00eddica de sus comunidades, y la posesi\u00f3n y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas ser\u00e1 enajenable, transmisible ni susceptible de grav\u00e1menes o embargos. Asegurar su participaci\u00f3n en la gesti\u00f3n referida a sus recursos naturales y a los dem\u00e1s intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Argentina tambi\u00e9n suscribi\u00f3 al Convenio N\u00b0 169 de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo <\/a>(OIT), aprobado por el Congreso Nacional con la Ley N\u00b0 24.071 de 1992. En su art\u00edculo 14.2 establece que los gobiernos deben proteger las tierras que los Pueblos Originarios han ocupado tradicionalmente y asegura sus derechos de propiedad y posesi\u00f3n. Los art\u00edculos 13 a 19 reconocen al territorio a partir de la
conexi\u00f3n espiritual, cultural e identitaria, y el derecho a la gesti\u00f3n de los recursos\/bienes naturales. Es decir, territorio no es sin\u00f3nimo de porci\u00f3n de suelo, inmueble alienable y factible de ser negociado, sino que \u00e9ste implica la relaci\u00f3n hist\u00f3rica, simb\u00f3lico-cultural y emocional que los Pueblos Originarios han mantenido con \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n

Por lo tanto, la recuperaci\u00f3n territorial constituye una demanda hist\u00f3rica de las Comunidades Ind\u00edgenas en Argentina. El Estado est\u00e1 en deuda hacia los Pueblos Originarios. A partir de un nuevo DNU de Milei, la inequidad extiende sus dominios en millones de hect\u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n

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