La Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA) expresa su más absoluto repudio al sobreseimiento de los señores Victor Cabrera e Ignacio Medina vecinos de la localidad de Macachin (provincia de La Pampa) determinado por el Juez federal Juan José Baric respecto a la causa judicial “Cabrera, Víctor s/ averiguación de delito» CFP número 9446/2020 iniciada a partir de una denuncia de la Dra. Alicia Tapia, socia de esta institución (Link a la nota).

La ley nacional 25743 y las leyes provinciales 2083 y 3104 protegen el Patrimonio Paleontológico y Arqueológico nacional y provincial. Al respecto, es la Secretaría de Cultura de la provincia quien debe otorgar los permisos necesarios para la realización de trabajos arqueológicos y paleontológicos en el territorio provincial a profesionales idóneos tal cual lo expresan en el artículo 15 y siguientes de la ley 3104. En este sentido, quienes no cuenten con dichos permisos no podrán realizar excavaciones y/o extracciones de materiales arqueológicos o paleontológicos. Aún más, aquellos que lo hicieren incurren en un delito según lo detallan los artículos 39 y 40 de la ley nacional.

Finalmente, también queremos expresar nuestro repudio a las declaraciones realizadas por el señor Jorge Cabak, intendente de Macachin, al diario La Arena el día 17 de marzo de 2022. En ellas no solo se destrata a la Secretaria de Cultura de la provincia Adriana Maggio sino también a miembros de esa secretaría del área de patrimonio. Aún más, también se refiere a la Dra. Alicia Tapia de forma peyorativa ignorando no sólo su profunda trayectoria en la arqueología argentina con más de 25 años de trabajo en la provincia de La Pampa.

Comisión Directiva Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina 

Los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA) manifestamos nuestra preocupación por consultas recibidas de nuestros asociados, en relación a supuestas infracciones a la ley N° 25.743/03 y su Decreto Reglamentario N° 1022/04, incurridas por personas que, haciendo uso de detectores de metales, destruyen y saquean el patrimonio arqueológico en diversas regiones del país.

Los aficionados a esta práctica se autodenominan detectoristas y están dando a conocer sus actividades en diversos medios de prensa (Diario Crónica, entrada 18/10/2020, con acceso 221/10/202; Diario Clarín, entrada 02/06/2018, con acceso 115/11/2020; Diario La Capital, entrada del 23/12/2018, con acceso el 17/11/2020). Se constituyen en “clubes” o “Asociaciones” que usan indebidamente este tipo de artefactos para la detección o búsqueda explícita de sitios y materiales arqueológicos y tienen como fin último armar museos, coleccionar, intercambiar, etc., prácticas que conducen irremediablemente  a la monetarización del patrimonio cultural.

En sus publicaciones, los detectoristas plantean sus metodologías de hallazgos y la forma en que realizan sus excavaciones clandestinas; en su accionar intervienen áreas que incluyen significativos contextos de la historia de nuestro país y de sus provincias; sus resultados son verdaderos “campos minados” de pozos que realizan para encontrar objetos metálicos. Esta particular intervención destruye en forma paulatina y definitiva el patrimonio cultural, afectando con ello al patrimonio histórico, arqueológico, industrial, etc., y en definitiva, privando al resto de las personas de su derecho de acceder al conocimiento de su pasado.

Los detectoristas no son profesionales de la arqueología y a juzgar por sus narrativas, hacen caso omiso al hecho de estar realizando prácticas en lugares altamente sensibles a cualquier intervención externa; desconocen asimismo que si no se aplican métodos y técnicas adecuadas por parte de arqueólogos profesionales, se destruyen fragmentos del pasado. Por sobre todas las cosas desconocen o violan adrede (o vulneran ex profeso) la ley que protege al patrimonio cultural de nuestro país, ya que además están incumpliendo con el ineludible requisito de contar con la debida concesión que otorgan los organismos provinciales de aplicación de la Ley 25.743/03 a los equipos de arqueólogos profesionales, los únicos habilitados para intervenir en sitios arqueológicos de Argentina (cualquiera sea el período que estos comprendan). Del mismo modo, deben tener presente que todo aquél que dañe el patrimonio arqueológico, prehispánico o histórico de nuestro país está penado por la mencionada ley, en sus artículos 46 a 48, con pena de prisión de dos meses a dos años y decomiso de los bienes.

No es intención de esta Asociación evitar que estas personas realicen sus hobbies en ámbitos públicos siempre y cuando su actividad no afecte el patrimonio cultural tal cual lo contempla la Ley. Sí nos oponemos terminantemente al uso de espacios públicos o privados de los que hay información acerca de su utilización por parte de poblaciones pasadas en eventos de significación cultural. La depredación por los medios mencionados de estos espacios patrimoniales deriva en una situación altamente irregular, un verdadero expolio cultural, pues cualquier hallazgo casual o fortuito debe ser denunciado ante los organismos de aplicación provincial y/o nacional.

Llamamos a las autoridades y a la sociedad en general a la protección del patrimonio cultural de nuestro país; son bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y como sociedad, y que nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos. De la misma manera en que heredamos bienes materiales y tradiciones familiares, recibimos también el legado de la cultura que caracteriza a la sociedad donde crecemos y nos desarrollamos.

Para una denuncia de esta naturaleza dirigirse al organismo de patrimonio de su provincia o al Registro Nacional de Yacimientos, colecciones y objetos arqueológicos renycoa@gmail.com que derivará a quien corresponde la denuncia

Comisión Directiva Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina