Desde la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA) queremos manifestar nuestra solidaridad con las familias de la Comunidad Originaria Diaguita Kallchaki Las Pailas, afectadas por el desalojo violento llevado adelante en la provincia de Salta por las fuerzas de seguridad provinciales.
Si bien entendemos que existe una controversia en torno a la posesión del territorio que se encuentra judicializada desde hace décadas, consideramos que los hechos recientes constituyen una expresión preocupante respecto de la creciente fragilidad en la vigencia efectiva de los derechos de los pueblos originarios reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales suscriptos por nuestro país.
La medida fue llevada adelante desconociendo a la comunidad como parte interviniente y sin considerar las presentaciones realizadas por la propia Comunidad Originaria Diaguita Kallchaki Las Pailas, por el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y por la Subsecretaría de Asuntos Indígenas.
Fundamentalmente, se desconocieron los relevamientos territoriales realizados en el marco de la Ley 26.160 y las obligaciones derivadas del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y del Código Civil y Comercial de la Nación. Más allá de las modificaciones introducidas al régimen de emergencia territorial, los relevamientos efectuados constituyen antecedentes técnicos y jurídicos que no pueden ser ignorados en la resolución de las controversias territoriales que involucran a comunidades originarias.
La preocupación que suscitan los hechos ocurridos en Las Pailas trasciende el caso particular y remite a una cuestión de mayor alcance: la necesidad de garantizar la plena vigencia del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y establece obligaciones concretas para el Estado Nacional en materia territorial. La efectiva protección de estos derechos constituye una responsabilidad del conjunto del sistema federal y no puede quedar librada a interpretaciones que vacíen de contenido las garantías reconocidas por la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.
Como arqueólogos y arqueólogas, recordamos que la presencia y continuidad histórica de las comunidades originarias en los Valles Calchaquíes constituyen una realidad ampliamente documentada por décadas de investigaciones arqueológicas, históricas y antropológicas. El reconocimiento de esa preexistencia no constituye únicamente un imperativo ético, sino también una obligación jurídica del Estado argentino.
Por ello, solicitamos a la magistratura interviniente y a las autoridades provinciales y nacionales competentes el reconocimiento de la existencia de una controversia territorial indígena y el abordaje de este conflicto desde una perspectiva que contemple la preexistencia de los pueblos originarios y garantice el pleno respeto de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes, privilegiando el diálogo y las vías institucionales para su resolución.
*Imágenes proporcionadas por Alejandro Ferrari y la comunidad Diaguita