Contribución de parte de las asociadas Lorena Puebla y Elina Albarrán
En esta fecha se celebra el Día de la Gratuidad Universitaria en Argentina, en conmemoración de la firma del Decreto Nº 29.337, por parte del presidente Juan Domingo Perón el 22 de noviembre de 1949, mediante el cual se suprimió el cobro de aranceles en las universidades nacionales. Esta medida sentó un precedente pionero en América Latina y supuso la eliminación de las barreras económicas que limitaban el acceso a la educación superior, permitiendo el ingreso masivo de los hijos y las hijas de los trabajadores y de los sectores populares.

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Junto con la Reforma Universitaria de 1918, esta medida es considerada uno de los pilares de la identidad de la universidad pública argentina. El camino hacia la gratuidad fue extenso y complejo, y el reconocimiento de este derecho, de rango constitucional desde 1994, posibilitó que hoy continuemos reivindicando la educación superior como una herramienta de promoción social que incluya a todos los sectores de la sociedad.
Este año queremos que esta no sea una fecha más. El desfinanciamiento de las universidades nacionales, que se traduce en salarios docentes por debajo de la línea de pobreza y en programas de becas y ayudas con montos insuficientes para cumplir sus objetivos, pone al borde de la desaparición uno de los mayores valores de nuestra nación y uno de los derechos más importantes conquistados en la conformación de nuestro país. Importantes personalidades y referentes de la ciencia y la cultura a nivel mundial son producto directo de nuestra universidad pública.
En nuestra disciplina, los espacios de formación académica pertenecen a la universidad pública. Esta vinculación nos compromete frente a la sociedad y nos obliga a asumir una responsabilidad en la construcción del conocimiento acerca del pasado, la memoria y la identidad.
El Gobierno nacional parece despreciar esta historia y desafía no solo a una sociedad que se ha pronunciado a través de cinco movilizaciones multitudinarias en todo el país, sino también a los poderes Legislativo y Judicial, que le han exigido implementar y cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Por último, en este contexto, resulta clave sostener el reclamo en torno a la responsabilidad indelegable del Estado como garante del sostenimiento y financiamiento del sistema universitario público argentino, asegurando el acceso, el ingreso, la permanencia y el egreso de lxs estudiantes.
Exigimos el inmediato cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Marcha en defensa de la Educación Pública en Mendoza.

