Desde la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA) expresamos nuestra preocupación por la escalada de violencia institucional ejercida por las Fuerzas de Seguridad en las últimas semanas.
Los hitos que hacen a nuestra preocupación son el ingreso ilegal de la Policía Federal a la Universidad Nacional de las Madres (UNMa) para impedir el ingreso de sus trabajadores, violando la autonomía universitaria consagrada en la Ley de Educación Superior N° 24.521; y la represión a jubilados y pensionados por parte de Gendarmería Nacional frente al Congreso Nacional durante manifestaciones en contra del veto presidencial a la ley que les otorgaba una mejoría en los ingresos a los adultos mayores.
La violencia desatada por parte de las Fuerzas de Seguridad nos recuerdan épocas más oscuras de la Argentina: la Noche de los Bastones Largos, cuando la Policía Federal desalojó con violencia facultades de la Universidad de Buenos Aires durante la dictadura de Onganía; la última dictadura cívico-eclesiástica-militar y sus repetidas razias policiales, represiones y excesos en la vía pública; la represión de las manifestaciones durante la Crisis del 2001, con un saldo de al menos 39 muertos; e incluso, más cercana en el tiempo, la represión a quienes se opusieron a la reforma previsional propuesta por Mauricio Macri durante su mandato.
El ajuste económico que amplias mayorías populares de nuestra sociedad están padeciendo desde diciembre pasado, las constantes pérdidas de derechos consignados en leyes debatidas y consensuadas democráticamente, la eliminación sistemática de organismos del Estado fundamentales para velar por una vida igualitaria, y esto acompañado por una violencia inusitada -simbólica desde los centros mediáticos cercanos al gobierno y física a partir de la represión a las manifestaciones- no hace más que demostrar que estamos frente a un proceso político que no respeta las formas de protesta pacífica que hemos sabido construir en estos años, descuidando a sus ciudadanos más desfavorecidos.
El panorama es más desolador cuando las muestras de violencia simbólica y represión policial tienen lugar en momentos en que el Estado cierra el acceso al registro de sus actos: el lunes de esta semana el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, firmaron el decreto 780/2024 que establece límites a los pedidos de acceso de información pública. Estas obstaculizaciones al ejercicio pleno del control de gobierno afectan a la democracia. Nuestro pueblo, que sufrió una serie de sucesivas interrupciones autoritarias a sus leyes y Constitución, sabe bien que la democracia no está dada de una vez y para siempre, sino que se debe defender a cada momento, y eso incluye el monitoreo del accionar de los funcionarios públicos.
Coincidimos con quienes defienden la democracia, en que las fuerzas de seguridad del Estado deben estar al cuidado de todos los ciudadanos, y no servir a la imposición de sistemas regresivos y privativos de los Derechos Humanos.
Instamos a diputados y senadores a que apliquen los mecanismos legales y judiciales correspondientes para evitar más hechos de violencia, autoritarismo y perjuicios económicos y sociales de quienes los hemos elegido como representantes.