La búsqueda de acallar voces disidentes, aplacar manifestaciones de sectores empobrecidos y coartar libertades individuales llegó a puntos de extrema violencia, que no podemos seguir permitiendo.
Desde la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina expresamos nuestro repudio a la represión ordenada en el día de ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra jubilados que vieron muy deteriorados sus ingresos durante el actual gobierno y manifestantes que acompañan a sus mayores.
Es bien sabido que las credenciales en materia económica de este gobierno se dan sólo a través del accionar represivo contra quienes reclaman y son cada vez más excluidos. Y como una repetición absurda de la historia argentina, el modelo de país llevado adelante por Milei es desguazando carteras fundamentales para el funcionamiento de un Estado que cuide a sus integrantes: a partir del desfinanciamiento, de arbitrariedades ministeriales cuasi ilegales y designando a funcionarios inoperantes.
Una de esas funcionarias es bien conocida por todos los argentinos: la ministra Patricia Bullrich posee un extenso curriculum con variadas experiencias de arruinar la vida de millones de personas, y como la responsable política de asesinatos y heridos durante manifestaciones de sectores empobrecidos por medidas de gobiernos al cual apoya.
Cabe destacar que la ministra Patricia Bullrich es autora del ilegal e inconstitucional Protocolo de Seguridad que durante su vigencia provocó heridas a decenas de reporteras, reporteros gráficos y trabajadores de prensa, incrementó la violencia institucional y la impunidad de los delitos cometidos por las Fuerzas de Seguridad.
A pesar de los recursos de amparo y denuncias por abusos de autoridad y atentados contra la libertad de prensa, ninguna de esas causas prospera.
Esta escalada de violencia institucional promovida por Bullrich desembocó en una situación muy lamentable en la que el fotógrafo Pablo Grillo fue vilmente herido de gravedad por las Fuerzas de Seguridad.
Y lo que más desampara a la ciudadanía entera es que ningún resorte político, institucional o judicial detiene la impericia demagógica de los funcionarios actuales.
Es por eso que exigimos al presidente de la República, a los miembros del Congreso de la Nación y jueces competentes que actuen contra los moral, política y penalmente responsables de los delitos cometidos durante la manifestación en apoyo a los jubilados.